Nota de opinión por Daniel Orloff
Durante semanas, el debate sobre la yerba mate volvió a ocupar el centro de la escena pública. La desregulación impulsada por el Gobierno nacional reactivó comparaciones automáticas con los años noventa, advertencias sobre un supuesto derrumbe inminente del sector y una narrativa conocida: sin la presencia del Estado, el productor queda indefenso y el sistema colapsa.
Sin embargo, esa lectura (repetida casi a diario) omite una pregunta central: ¿el problema de la yerba mate es realmente la desregulación o es un modelo productivo que, desde hace décadas, fue diseñado para que el productor no pueda decidir?
Un margen bajo que no nació hoy
El bajo margen del productor yerbatero no es una novedad ni una consecuencia exclusiva del actual esquema. El productor recibe poco desde siempre. Incluso en períodos de fuerte intervención estatal, con precios mínimos fijados, la participación del eslabón primario dentro de la cadena nunca fue equilibrada.
Durante años, ya sea el INYM o el laudo, funcionó como un piso formal, pero no como un reflejo fiel del mercado. En más de una oportunidad, cuando la industria necesitó abastecerse, pagó por encima de ese valor. Es decir, aun bajo regulación, el precio real se definía por necesidad y poder de negociación, no solo por normas.
La burbuja que pocos quieren mencionar
Entre 2020 y 2023, el mercado de la yerba mate estuvo atravesado por una distorsión evidente: el consumo adelantado. En un contexto de alta inflación, miles de familias compraban al por mayor para ganarle a la inflación y la yerba no fue la excepción. Packs grandes de medio o de un kilo como compras anticipadas generaron una sensación artificial de crecimiento del consumo interno.
Ese fenómeno no era demanda genuina, sino demanda adelantada. Hoy, con precios más estables, el mercado volvió a comportarse de manera normal: se compra lo que se consume. El crecimiento de ventas de las presentaciones de medio kilo es un síntoma claro de ese regreso a la racionalidad. Leer esa normalización como una “crisis” es, como mínimo, una simplificación interesada.
La falsa idea de un productor indefenso
Otro de los argumentos más repetidos sostiene que el productor yerbatero no puede esperar y está obligado a vender de inmediato, no por una condición natural del cultivo sino por las deudas generadas durante el año, por eso el verdadero problema no es el producto: es el modelo.
Durante décadas, al productor se lo empujó al monocultivo, al endeudamiento anual y a la dependencia absoluta del ingreso de una sola zafra. Nunca se lo incentivó seriamente a diversificar su chacra ni a construir múltiples fuentes de ingresos, principalmente a quienes tienen pocas hectáreas. Cuando esas alternativas aparecieron (horticultura, ganadería menor, agroturismo, etc) fueron desarticuladas de manera silenciosa por intereses políticos y económicos, aunque algunos pocos decidieron ir en contra del sistema de todas formas.
Un productor diversificado puede esperar. Un productor dependiente, no.
Dependencia como política no escrita
Aquí aparece el núcleo del problema, pocas veces explicitado: un productor autónomo es un actor incómodo. No depende del adelanto de cosecha, del laudo de un producto, del subsidio ni de la asistencia ocasional. Puede decir que no. Puede retener su producción uno o dos años hasta que el precio vuelva a ser razonable. Ese margen de decisión es precisamente lo que el sistema fue evitando.
La dependencia no es un error colateral: es una consecuencia funcional. Permite administrar conflictos, justificar intervenciones permanentes y sostener estructuras políticas que viven de regular, asistir y contener, pero no de fortalecer.
Grandes marcas, tiempo y reemplazo gradual
Las grandes industrias no necesitan prescindir de golpe del pequeño productor. Les alcanza con algo más simple: tiempo. Stock acumulado, algunas plantaciones propias y espalda financiera suficiente para resistir períodos de baja.
El productor chico pierde primero no porque produzca peor, sino porque no puede aguantar. Con el tiempo, la ecuación se repite: chacras que dejan de ser rentables, familias que se van, tierras que se venden al mejor postor y zonas rurales que se vacían.
Ese proceso no siempre es ruidoso. Es lento, constante y eficaz, principalmente en Misiones.
El éxodo que nadie quiere asumir
El deterioro del productor no solo impacta en la economía regional. Tiene consecuencias territoriales claras: éxodo rural, crecimiento artificial de los cascos urbanos, municipios desbordados y hectáreas productivas abandonadas o copadas por pocas manos con gran poder adquisitivo.
A ese escenario se suma la responsabilidad de gobiernos locales que, lejos de revertir el problema, lo administran. Caminos rurales en mal estado, políticas de asistencia mínimas y gestos simbólicos que sirven más para la foto que para modificar la estructura productiva.
Así, el sistema se asegura de que nadie pueda decir que “no se hizo nada”, aunque nada esencial haya cambiado.
Más allá del falso dilema
Plantear el debate en términos de “Estado sí o Estado no” es una trampa. La discusión real no es ideológica, sino estructural. No se trata de eliminar reglas, sino de dejar de usar la regulación para producir dependencia.
Un mercado donde el productor tenga margen de decisión, diversificación productiva y capacidad de espera es un mercado más sano que uno sostenido artificialmente por precios mínimos y asistencia permanente.
La pregunta incómoda
Tal vez el interrogante de fondo no sea si la desregulación es buena o mala, sino otro mucho más incómodo: ¿a quién le conviene que el productor yerbatero no pueda decidir?
Mientras esa pregunta siga sin responderse, la discusión seguirá girando en círculos, repitiendo comparaciones históricas y evitando el verdadero debate: el de un modelo productivo que, lejos de empoderar al colono, lo volvió estructuralmente vulnerable.
