Desarticulan Presunta Red Criminal Vinculada al Robo y Traslado de Vehículos: uno de los Primeros Procedimientos fue en San Vicente

La Policía logró desbaratar una posible organización delictiva dedicada al robo y reventa de vehículos, con ramificaciones en varias localidades de la provincia. En el marco de operativos simultáneos, fueron secuestrados seis rodados (tres autos y tres motos) y se concretaron varias detenciones. Uno de los procedimientos clave se llevó a cabo en San Vicente, donde se recuperó una camioneta de alta gama robada en Buenos Aires.

El primer hallazgo tuvo lugar el martes por la tarde en San Vicente, cuando efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional VIII, con apoyo de la Dirección de Drogas Peligrosas y del Departamento de Inteligencia Criminal Fronteras, localizaron una Jeep Grand Cherokee Overland ATX en un predio ubicado sobre la Ruta Nacional 14, detrás de un comercio. El vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires.

Las pesquisas continuaron el miércoles en San Pedro, donde un Chevrolet Tracker evadió un control en el barrio Santa Rosa. El conductor abandonó el vehículo frente a una vivienda y escapó. Luego de las pericias, también se comprobó que el rodado era robado en Buenos Aires.

En Posadas, la Dirección Agrupación Motorizada secuestró un Volkswagen Taos que estaba mal estacionado y presentaba dominios falsos y adulteraciones en el número de chasis. El hallazgo activó el protocolo judicial correspondiente.

En cuanto a los motovehículos, también se registraron procedimientos en distintas localidades:

En Capioví, un sospechoso abandonó una Honda Wave 110cc al advertir la presencia policial. La moto había sido sustraída recientemente.

En Aristóbulo del Valle, fue detenido un joven de 23 años luego del robo de una Corven Mirage 110cc, encontrada entre las malezas del barrio 20 Viviendas.

En Posadas, tras una denuncia, se detuvo a dos jóvenes de 19 y 21 años en el barrio San Lucas. La motocicleta robada, una Tibo 110cc, había sido entregada por una vecina que la compró sin saber su procedencia.

Todos los vehículos fueron trasladados a las respectivas dependencias policiales y los detenidos quedaron a disposición del Juzgado interviniente. Las autoridades trabajan bajo la hipótesis de una red interprovincial dedicada al robo y tráfico ilegal de rodados, con conexiones entre Buenos Aires y Misiones. San Vicente, con su ubicación estratégica sobre la Ruta Nacional 14, habría sido uno de los puntos de tránsito clave en esta trama delictiva.

Vecinos de San Vicente Piden Garantías Ante la Inseguridad

Mientras los delitos crecen y la sensación de inseguridad se extiende en los barrios de San Vicente, vecinos organizados y trabajadores del transporte lanzaron un grito de auxilio al Concejo Deliberante. El lunes pasado ingresaron dos notas con un denominador común: la urgencia de contar con más vigilancia, controles efectivos y presencia policial.

Una proviene de los residentes del Barrio Unidos, ex kilómetro 49 de la Ruta Provincial 13. La otra, de los taxistas que trabajan en la terminal de ómnibus. Ambas denuncian una situación que ya no puede tratarse como casos aislados. Robos, violencia, consumo de drogas, asaltos, homicidios. Y una respuesta oficial que, cuando no es inexistente, resulta tibia o evasiva.

Barrio Unidos: motos, menores, alcohol y temor

La carta firmada por la comisión vecinal describe una realidad cotidiana que pone en jaque la tranquilidad barrial: motociclistas (en muchos casos menores de edad) circulando sin casco, a altas velocidades, haciendo maniobras peligrosas y generando ruidos ensordecedores. A esto se suma el consumo problemático de alcohol y estupefacientes, lo que deriva en hechos delictivos como robos y agresiones.

Los vecinos dicen tener pruebas: videos de cámaras de seguridad privadas que documentan estas situaciones. Piden algo básico: que se destinen inspectores, actualmente Policías de Tránsito y Policía de la Provincia al barrio. No es la primera vez que reclaman.

Terminal de Ómnibus: trabajar con miedo

Por su parte, los taxistas narran una realidad aún más cruda. Con nombres y fechas, recuerdan hechos violentos sufridos por sus colegas. Algunos terminaron en heridas de bala. Otros, en muerte. Uno de los casos mencionados es el asesinato de Fabio Rafael Lorenzo. Otro, el violento ataque a Luis Daniel Joaquín, quien sobrevivió tras recibir seis disparos. También mencionan al ex policía Acosta, asesinado en circunstancias similares años atrás.

El pedido concreto: instalación de cámaras de vigilancia en la terminal, monitoreadas por la Unidad Regional VIII. No solo para prevenir, sino para permitir identificar pasajeros y agresores. Una medida elemental para un lugar que debería ser un punto seguro de entrada y salida de la ciudad.

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Lo que está en juego: el derecho a vivir sin miedo

Detrás de estos pedidos puntuales hay una realidad más profunda y preocupante. San Vicente ha experimentado un crecimiento poblacional sostenido en los últimos años, pero ese crecimiento no ha sido acompañado por un plan serio de seguridad urbana. La respuesta habitual es que "se trata de competencias provinciales" o que "no se cuentan con los recursos suficientes". Pero esa excusa no puede convertirse en el techo del reclamo ciudadano.

El delito se instala cuando la respuesta institucional es débil. La ausencia del Estado (o su presencia meramente decorativa) habilita espacios donde reina la impunidad. Hoy es una moto que hace ruido en un barrio; mañana, un homicidio como los que lamentablemente pareciera que ya nos estamos acostumbrando.

¿Realmente nos estamos acostumbrando?

Tal vez el mayor peligro no sea solo el delito en sí, sino la naturalización del miedo. La idea instalada de que “esto pasa porque el pueblo crece”, como si la inseguridad fuera el precio inevitable del desarrollo. No lo es. Lo normal es vivir sin hechos delictivos sin tener que recurrir a exigir ambulancias, patrulleros o cámaras en calles donde los vecinos temen salir por la noche.

San Vicente necesita más que parches. Necesita una política de seguridad con visión a mediano y largo plazo, con inversión en tecnología, presencia territorial, abordaje del consumo problemático de sustancias y un trabajo articulado entre municipio, provincia y fuerzas de seguridad.

Los vecinos y trabajadores ya hicieron su parte. Ahora es el turno de las autoridades.