INFORME ESPECIAL
Hace más de una década, la periodista Valentina Lovell reveló un escándalo en El Soberbio: más del 90% de los certificados por discapacidad que se otorgaban allí presentaban irregularidades. El 17 de septiembre de 2012 llegaron a la localidad representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y de ANSES para revisar 800 diagnósticos. Tras la verificación, sólo 50 expedientes siguieron su curso y finalmente 15 se confirmaron válidos. El Soberbio no fue el único caso: también se investigó a Bernardo de Irigoyen, Aristóbulo del Valle y otras localidades.
Ese antecedente muestra que el problema no es nuevo: las pensiones por invalidez han sido un terreno fértil para el clientelismo político y el descontrol administrativo. Entre 2001 y 2024, el número de beneficiarios pasó de 76.000 a 1,2 millones, un crecimiento del 1.600%.
Un puntero político de la época lo describió con crudeza: “es como un premio que se le da a los que trabajan en política, reciben plata del Estado por no hacer nada. ¿Quién va a controlar de verdad? ¿Quién se va a animar a quedar mal molestando discapacitados?”.
Milei y la decisión de auditar
El actual presidente Javier Milei parece haber tomado ese diagnóstico al pie de la letra. Fiel a su estilo, avanzó en una auditoría masiva de las pensiones no contributivas por invalidez, con el objetivo de depurar el sistema. Pero lo que no calculó fue el nivel de corrupción e intrincadas redes que rodeaban al mecanismo, muchas de ellas diseñadas justamente para evitar controles efectivos.
En Misiones, por ejemplo, es común que productores rurales usen como domicilio legal una oficina pública o política para recibir notificaciones, porque en los parajes alejados no hay correo ni señal telefónica. La información llega por radio FM. Esa precariedad abrió la puerta a sospechas de que algunos medios locales o sectores políticos opositores al gobierno nacional retuvieron o demoraron la entrega de las cartas documento para generar malestar.
El 6 de mayo de 2025 se vivió una postal de ese desorden: en el Hospital SAMIC de San Vicente, casi 700 beneficiarios llegaron el mismo día para la auditoría. Las citaciones estaban previstas en tandas de 50 personas, entre el 23 de abril y el 7 de mayo, pero la desinformación derivó en una fila interminable que llegó hasta la Ruta 14. A pesar del paro de colectivos, las personas viajaron en vehículos particulares. Solo seis médicos atendieron la avalancha mientras intentaban sostener sus tareas habituales. El caos derivó en críticas y obligó a cambiar el sistema de distribución: ahora las cartas se entregan en operativos masivos del Correo Argentino, bajo supervisión municipal. Eso, a su vez, generó nuevas tensiones: largas filas, filmaciones y acusaciones cruzadas sobre supuestos beneficiarios extranjeros.
¿Cómo funciona el trámite de rectificación de pensiones?
1. Notificación oficial: el beneficiario recibe hasta tres cartas documento, donde se lo cita a presentarse.
2. Primera entrevista médica: debe concurrir a un hospital público designado, donde un médico auditor verifica su diagnóstico. No se debe pagar por la misma.
3. Documentación: se requiere DNI, estudios médicos previos y certificados. En algunos casos, piden actualizar estudios complementarios.
4. Carga digital: la información se sube al sistema nacional, centralizado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) o de manera presencial en el ANSES con solicitud de turno previo.
5. Evaluación final: un comité interdisciplinario revisa el caso. Si se confirma la invalidez, la pensión se mantiene; si hay irregularidades, se suspende. En caso de error, se reintegra con retroactivos.
El caso Spagnuolo y la política en el medio
La crisis escaló con el caso Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, acusado de cobrar coimas en contratos con la droguería Suizo Argentina. Su salida desató un terremoto: el gobierno debió admitir errores en las bajas de pensiones y revisar auditorías mal hechas. Provincias como Misiones presentaron recursos judiciales para frenar lo que calificaron como suspensiones “irregulares”.
El abogado Gastón Francone, en una entrevista reciente, analizó el avance de la investigación judicial y remarcó que, pese al fuerte impacto político, el expediente aún se encuentra en una etapa inicial.
“Desde lo técnico, estamos en el minuto cero, como en la entrada en calor de un partido de fútbol. Todavía no hay prueba concreta, apenas indicios, y ni siquiera está claro el origen de los audios que circularon”, explicó el letrado.
Francone subrayó que el fiscal actuó dentro de lo previsto por el Código Federal al decretar el secreto de sumario, una medida habitual para resguardar la investigación. “Eso significa que no habrá novedades hasta dentro de varios días. Y puede pasar que al final no quede nada: sólo un audio sin valor probatorio”, advirtió.
El abogado también puso en duda las expectativas de un rápido desenlace y al contrario de lo que muchos piensan el proceso va muy lento: “El proceso judicial es lento por naturaleza. La política corre con otros tiempos, pero en tribunales no se resuelve en cuestión de días”.
Por último, planteó que no debe descartarse la hipótesis de que todo derive en un “pescado podrido”. “Podría ser que los audios no prueben nada, que hayan sido dichos al pasar, sin sustento legal. En ese caso, el impacto sería más político que judicial”, concluyó.
Errores, traiciones y el golpe político
El gobierno nacional reconoce que cometió errores: mezcla de desconocimiento, soberbia y traiciones internas. Miles de beneficiarios quedaron sin pensión injustamente, mientras la oposición capitaliza el enojo para instalar la idea de que el oficialismo es “igual o más corrupto que los anteriores”.
Pero también hubo avances: se descubrieron casos grotescos de fraude, como certificados truchos basados en la radiografía de un perro o diagnósticos clonados para más de 100 personas. Beneficiarios con alto poder adquisitivo, yates y viajes a Miami figuraban como inválidos para el trabajo.
Según fuentes oficiales, los fondos recuperados por esas bajas se redistribuyen entre las pensiones activas, lo que mejora el monto para quienes realmente lo necesitan. Además, el gobierno se comprometió a reintegrar con retroactivo a los beneficiarios suspendidos por error.
Conclusión
El sistema de pensiones por invalidez en Argentina arrastra décadas de corrupción y clientelismo, y la auditoría de Milei tocó intereses políticos y económicos sensibles. El Ejecutivo todavía acusa el golpe, pero busca mostrar que el saneamiento es posible: eliminar fraudes millonarios y garantizar que el dinero llegue a quienes de verdad lo merecen.
La pregunta que queda abierta es si, en medio de las presiones políticas y judiciales, el gobierno podrá completar esa tarea sin que la desconfianza pública y las maniobras de la oposición terminen por desgastar aún más la credibilidad del sistema.
