El Concejo Deliberante de San Vicente analiza por estos días un proyecto de ordenanza que propone la creación de una llamada "Planta de Recuperación de Residuos Sólidos Urbanos", una iniciativa que (según su fundamentación) busca mejorar la gestión ambiental del municipio, reducir el impacto del basural y promover prácticas de reciclaje y valorización de materiales.
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| A pesar de que el proyecto se está estudiando ya hay una estructura montada |
Entre los puntos positivos del borrador se plantea objetivos que coinciden con los principios de la Ley Nacional 25.916 sobre gestión integral de residuos domiciliarios: la reducción de desechos, el fomento de la economía circular y la inclusión de trabajadores recicladores. También se destaca la intención de ordenar el manejo de los residuos sólidos y avanzar hacia un sistema más moderno y sustentable. En ese sentido, el espíritu general de la propuesta parece alineado con la necesidad de profesionalizar la gestión ambiental local.
Sin embargo, al analizar el articulado, surgen varios aspectos que generan dudas y preocupación tanto desde el punto de vista técnico como jurídico. En primer lugar, la figura de “Planta de Recuperación” no está contemplada formalmente en la legislación vigente. La normativa nacional y provincial habla de plantas de tratamiento o centros de clasificación, pero no de “recuperación”, lo cual deja abierta la interpretación sobre qué tipo de actividades se realizarían realmente dentro de ese predio. En términos legales, esto implica un vacío que podría generar conflictos de competencia o habilitar usos discrecionales.
Otro punto problemático es la redacción del proyecto. El texto contiene errores en la redacción, repeticiones y una estructura poco clara que mezcla declaraciones de intención con disposiciones operativas, algunos conceptos técnicos y mucho relato político. En varios artículos no se diferencian las responsabilidades del municipio de las de posibles concesionarios o cooperativas, lo que complica a los concejales definir la normativa. Esa ambigüedad podría traducirse en una falta de control sobre quiénes manejarán efectivamente la planta o sobre cómo se comercializarán los materiales reciclables.
El proyecto también habilita la posibilidad de firmar convenios o contratos con terceros para la gestión de esta planta, sin establecer procedimientos de selección, plazos ni mecanismos de fiscalización. En la práctica, esto abre la puerta a la tercerización o concesión del servicio, incluso bajo figuras poco claras. Básicamente temen que esta redacción pueda convertirse en el marco para un posible negocio privado con recursos públicos, bajo el discurso de la "sustentabilidad ambiental".
A esto se suma, por ahora, la ausencia de un sistema de control y auditoría sobre el funcionamiento de la planta y el destino de los materiales valorizados. Aunque se mencionan principios de inclusión social y compromiso ambiental, no se detallan condiciones laborales, requisitos de seguridad, ni trazabilidad de los residuos procesados. El texto promete avanzar hacia una economía circular, pero sin asegurar que los beneficios económicos o sociales queden efectivamente dentro del municipio o entre los trabajadores recicladores.
Como dijimos anteriormente, el proyecto de ordenanza combina un lenguaje técnico con expresiones más propias de una declaración política, lo que refuerza la impresión de que se trata de un borrador sin revisión jurídica ni ambiental especializada. En su estado actual, el documento necesita una reescritura completa que respete la normativa vigente, defina claramente competencias y garantice transparencia en cualquier tipo de concesión o convenio.
En síntesis, el proyecto parte de una buena idea (mejorar la gestión de los residuos y avanzar hacia una política ambiental moderna), pero su redacción actual deja demasiadas zonas grises. Sin una corrección profunda, la iniciativa corre el riesgo de transformarse en un instrumento legal que, más que ordenar el sistema, habilite negocios privados bajo el rótulo de “recuperación ambiental”.
