En la sesión ordinaria de este lunes 28 de julio, el Concejo Deliberante de San Vicente recibió el informe semestral del Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, correspondiente al período del 11 de diciembre de 2024 al 30 de junio de 2025. El documento fue presentado por el juez subrogante Abel Melnichuk, quien encabeza interinamente un juzgado que, pese a no tener titular, mostró una intensa actividad administrativa y un dato que sobresale por encima del resto: la recaudación por multas alcanzó los 72.387.486 pesos.
Los ingresos, que provienen en su mayoría de infracciones de tránsito, muestran una curva ascendente a lo largo de los meses, con un pico de más de 14 millones de pesos en marzo. El detalle mensual refleja montos sostenidos: más de 8 millones en enero, 9,3 millones en febrero, 13,2 millones en abril, 11,7 millones en mayo y 9,5 millones en junio.
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Multas desde faltas técnicas hasta el alcohol al volante
El informe señala que se labraron 1.175 actas, de las cuales 829 fueron resueltas. Las faltas de tránsito representaron el grueso del trabajo: 598 licencias fueron retenidas, con 500 restituidas, y 314 vehículos secuestrados, de los cuales 58 aún no fueron devueltos.
Entre las infracciones más comunes figuran la falta de verificación técnica (498 actas), circular sin seguro (358), sin licencia habilitante (310), estacionamiento indebido, alcohol al volante (88) y conducir sin casco (54).
Llama la atención la ausencia total de actas por pasar semáforos en rojo o no usar cinturón de seguridad, una omisión que genera interrogantes.
Un juzgado sin juez: sigue vacante desde 2024
Más allá del volumen de trabajo, el dato institucional no pasa desapercibido: el Juzgado de Faltas de San Vicente no tiene juez titular desde marzo de 2024, cuando su entonces titular presentó la renuncia indeclinable al intendente municipal.
Desde entonces, no se ha reglamentado el concurso público previsto por la Carta Orgánica Municipal, que exige que el cargo sea cubierto mediante un proceso transparente. La falta de avances en la designación formal preocupa a parte del arco político local y genera malestar en sectores que reclaman mayor institucionalidad.
Mientras tanto, el juzgado sigue funcionando bajo subrogancia, gestionando causas y recaudando millones, aunque con una conducción provisoria que se extiende más allá de lo razonable para un órgano clave en el sistema municipal de justicia administrativa.
