En la calle se repite una frase que ya forma parte del día a día: “No hay plata”. Se escucha en discursos, se reproduce en medios alineados y se comparte en conversaciones cotidianas. Todos parafrasean al presidente Milei pero cuando se observa con atención el flujo real de recursos en la provincia, esa afirmación se derrumba. Porque sí hay plata. Lo que da la impresión es que falta es voluntad política para usarla bien e informar correctamente la manera en que se distribuye.
La realidad es que la recaudación provincial crece año tras año. En 2022, se recaudaron 125 mil millones de pesos de un presupuesto de 226.696 millones compuesto de 134.300 millones en coparticipación, ésto último equivale el 71 por ciento del total. En 2023, esa cifra de ATM fue de 266.491 millones recaudados (un poco menos de lo esperado), de un presupuesto de 608.999 millones. Para 2024 la ATM llegó a casi los 500 mil millones, un aumento significativo, con un presupuesto de casi 1.280 billones y el estimado en recaudación del 2025 se proyecta a poco más de 892 mil millones, con un presupuesto de 3.049 billones, eso último en un año sin que las producciones primarias como el té o la yerba estén en su mejor momento. Si eso lo convertimos a dólares paralelos (blue promedio), no se trata solo de más pesos: el volumen real de recursos también se mantiene elevado, en torno a los 550 a 600 millones de dólares anuales. A esto se suman los fondos nacionales automáticos como la coparticipación y los no automáticos como los Aportes del Tesoro Nacional que, pese a recortes, continúan llegando. De hecho Misiones fue una de las provincias más beneficiadas con ATN en el último año y medio.
El gobierno provincial admite que más del 93% de su recaudación se basa en el impuesto a los Ingresos Brutos. Pero no menciona que esa presión fiscal recae principalmente sobre comercios, servicios y consumidores. Tampoco se profundiza en las consecuencias de la llamada “aduana paralela”, que cobra anticipadamente a las empresas, muchas veces incluso antes de que hayan vendido un producto. El caso de Visuar S.A., que informó que abandonaba la provincia por considerar inviable ese esquema, aunque hubo un arreglo al final. Eso solo por poner a una empresa de ejemplo.
Según datos oficiales, la Agencia Tributaria de Misiones (Rentas) mantiene un saldo a favor de los contribuyentes, o sea, el Estado cobra de más y mientras tanto, se sigue afirmando que no hay plata.
La otra cara de la moneda es el gasto. El tamaño del Estado provincial es "elefantíasico". Se estima que entre el 50% y el 60% de los trabajadores dependen directa e indirectamente del empleo público. Esta estructura genera una lógica de dependencia y condiciona al ciudadano, debilita al sector privado y refuerza el control político a través de la necesidad.
Mientras tanto, la información pública es técnicamente accesible, pero en la práctica incomprensible. Boletines en PDF con contenido que pocas veces sale en un buscador, lenguaje opaco, datos fragmentados: todo parece pensado para desalentar el control ciudadano común. En lugar de promover la transparencia, se refuerza la oscuridad. Y eso, en una democracia, debería preocuparnos más que cualquier ajuste fiscal.
¿Y qué pasa con la actividad económica? Sigue existiendo. El consumidor no desapareció: se reorganizó.
La gente paga deudas, ajusta gastos, prioriza lo esencial. La economía informal crece, las billeteras virtuales circulan, los negocios físicos y on line se multiplican y cada vez hay más PyME registradas en los municipios. Es una economía que, al parecer, está dejando de depender de la obra pública o del empleo estatal. Por eso la recaudación sube. Por eso son más los comercios que abren que los que cierran.
El sector privado formal también muestra señales: en marzo de 2025, el salario promedio en ese segmento llegó a $1.100.000, con un crecimiento real del 3,1% desde noviembre de 2023. Misiones es la cuarta provincia con mayor suba interanual y la primera del NEA.
En este contexto, repetir que “no hay plata” parece más una estrategia política que un diagnóstico económico. Da la impresión que, aprovechando el discurso de toma de posesión del presidente, se lo usaría para justificar inacción, para sostener privilegios o para camuflar gastos superfluos en Ministerios o Direcciones. Son muchos los que hablan de obras públicas que nunca se ejecutan (como el BOP 113 en San Vicente), de medios que dependen de la pauta oficial, de estructuras duplicadas, festivales, asesorías, campañas y actos: todo eso al parecer sigue vigente, pero fuera del radar público.
Después de horas de revisar documentos, estadísticas y presupuestos, se puede llegar a una conclusión sencilla, pero poderosa: la plata está. Lo que falla es el sistema que la administre de manera eficiente. Y si ese sistema necesita oscuridad para sostenerse, es porque tiene demasiado que esconder.
