Mientras los delitos crecen y la sensación de inseguridad se extiende en los barrios de San Vicente, vecinos organizados y trabajadores del transporte lanzaron un grito de auxilio al Concejo Deliberante. El lunes pasado ingresaron dos notas con un denominador común: la urgencia de contar con más vigilancia, controles efectivos y presencia policial.
Una proviene de los residentes del Barrio Unidos, ex kilómetro 49 de la Ruta Provincial 13. La otra, de los taxistas que trabajan en la terminal de ómnibus. Ambas denuncian una situación que ya no puede tratarse como casos aislados. Robos, violencia, consumo de drogas, asaltos, homicidios. Y una respuesta oficial que, cuando no es inexistente, resulta tibia o evasiva.
Barrio Unidos: motos, menores, alcohol y temor
La carta firmada por la comisión vecinal describe una realidad cotidiana que pone en jaque la tranquilidad barrial: motociclistas (en muchos casos menores de edad) circulando sin casco, a altas velocidades, haciendo maniobras peligrosas y generando ruidos ensordecedores. A esto se suma el consumo problemático de alcohol y estupefacientes, lo que deriva en hechos delictivos como robos y agresiones.
Los vecinos dicen tener pruebas: videos de cámaras de seguridad privadas que documentan estas situaciones. Piden algo básico: que se destinen inspectores, actualmente Policías de Tránsito y Policía de la Provincia al barrio. No es la primera vez que reclaman.
Terminal de Ómnibus: trabajar con miedo
Por su parte, los taxistas narran una realidad aún más cruda. Con nombres y fechas, recuerdan hechos violentos sufridos por sus colegas. Algunos terminaron en heridas de bala. Otros, en muerte. Uno de los casos mencionados es el asesinato de Fabio Rafael Lorenzo. Otro, el violento ataque a Luis Daniel Joaquín, quien sobrevivió tras recibir seis disparos. También mencionan al ex policía Acosta, asesinado en circunstancias similares años atrás.
El pedido concreto: instalación de cámaras de vigilancia en la terminal, monitoreadas por la Unidad Regional VIII. No solo para prevenir, sino para permitir identificar pasajeros y agresores. Una medida elemental para un lugar que debería ser un punto seguro de entrada y salida de la ciudad.
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Lo que está en juego: el derecho a vivir sin miedo
Detrás de estos pedidos puntuales hay una realidad más profunda y preocupante. San Vicente ha experimentado un crecimiento poblacional sostenido en los últimos años, pero ese crecimiento no ha sido acompañado por un plan serio de seguridad urbana. La respuesta habitual es que "se trata de competencias provinciales" o que "no se cuentan con los recursos suficientes". Pero esa excusa no puede convertirse en el techo del reclamo ciudadano.
El delito se instala cuando la respuesta institucional es débil. La ausencia del Estado (o su presencia meramente decorativa) habilita espacios donde reina la impunidad. Hoy es una moto que hace ruido en un barrio; mañana, un homicidio como los que lamentablemente pareciera que ya nos estamos acostumbrando.
¿Realmente nos estamos acostumbrando?
Tal vez el mayor peligro no sea solo el delito en sí, sino la naturalización del miedo. La idea instalada de que “esto pasa porque el pueblo crece”, como si la inseguridad fuera el precio inevitable del desarrollo. No lo es. Lo normal es vivir sin hechos delictivos sin tener que recurrir a exigir ambulancias, patrulleros o cámaras en calles donde los vecinos temen salir por la noche.
San Vicente necesita más que parches. Necesita una política de seguridad con visión a mediano y largo plazo, con inversión en tecnología, presencia territorial, abordaje del consumo problemático de sustancias y un trabajo articulado entre municipio, provincia y fuerzas de seguridad.
Los vecinos y trabajadores ya hicieron su parte. Ahora es el turno de las autoridades.
