El Concejo Deliberante de Dos de Mayo aprobó el pasado miércoles 17 de diciembre el Presupuesto General y la Ordenanza Tributaria para el ejercicio 2026, en una sesión atravesada por reparos institucionales, debates previos y fuertes cuestionamientos al esquema de control del gasto público y a la delegación de facultades al Departamento Ejecutivo.
El Presupuesto sancionado asciende a $3.777.723.300,03 y representa la autorización máxima de gastos del municipio para el próximo año. La votación se realizó con la ausencia del concejal y exintendente José Luis Garay, quien no participó por razones médicas, y con el voto negativo de la concejal Yanina Holland. El resto de los ediles presentes acompañó la iniciativa, aunque varios dejaron constancia de observaciones vinculadas al respeto de la Carta Orgánica Municipal.
Debate previo y aval con advertencias
Antes del inicio formal de la última sesión ordinaria del año, los concejales volvieron a reunirse en comisión para definir posturas, especialmente en relación con las facultades delegadas al Ejecutivo y el mecanismo de actualización de tasas.
Hay dos votos fundamentales, el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria 2026, esta última fue aprobada por unanimidad luego de que el Ejecutivo aceptara modificaciones propuestas por los concejales. Sin embargo, el mayor foco de conflicto siguió siendo el Presupuesto General, cuya estructura y nivel de detalle generaron cuestionamientos recurrentes.
Durante el tratamiento se volvió a señalar la forma en que el Ejecutivo remite la documentación cada año: en formato digital de mala calidad, con textos poco legibles, sin versión impresa y con escasa claridad conceptual. Esta modalidad, según se expuso en el recinto, dificulta seriamente el análisis técnico y político de la principal herramienta de planificación y control del gasto público.
Las explicaciones del Ejecutivo fueron limitadas. La única intervención técnica fue una breve exposición de la contadora municipal, Valeria Lencina, considerada insuficiente por algunos ediles para despejar todas las dudas planteadas.
Presupuesto “figurativo” y delegación de facultades
El núcleo del cuestionamiento es institucional. La Carta Orgánica Municipal establece que el presupuesto debe ser analítico, específico y transparente, y que fija el límite máximo del gasto público autorizado.
Sin embargo, la ordenanza aprobada dispone, por ejemplo, en su Artículo 3º, que la discriminación de los gastos tiene carácter “figurativo”. En la práctica, esto implica que el detalle de partidas y destinos no resulta plenamente obligatorio, lo que generó fuertes críticas por parte de la oposición y de algunos concejales oficialistas.
A esta cláusula se suma el Artículo 4º, que autoriza al intendente a reestructurar partidas presupuestarias por decreto hasta un 20% del presupuesto vigente. Si bien esta herramienta está prevista como una readecuación administrativa en la Carta Orgánica, su aplicación sobre un presupuesto con partidas genéricas o “a definir” amplía de manera significativa el margen de discrecionalidad del Ejecutivo.
Según lo planteado en el recinto, la combinación de un presupuesto poco específico, la posibilidad de reasignar hasta un 20% por decreto y algo tan simple como la utilización de "puede" en vez de "debe" informar en los textos, debilita el control político del Concejo Deliberante y tensiona el equilibrio de poderes previsto en la Carta Orgánica.
El uso del “20%” bajo la lupa
Durante el debate se remarcó que la Carta Orgánica lo permite pero no habilita un uso discrecional del denominado “20% del presupuesto”. Esa facultad permite compensaciones internas de partidas, pero no autoriza a redefinir políticas públicas, cambiar destinos estratégicos del gasto ni vaciar de contenido el carácter analítico del presupuesto.
El control patrimonial, financiero y presupuestario es una atribución propia del Concejo Deliberante, y cualquier reestructuración debe ser informada y queda sujeta a control político posterior. Cuando ese margen se aplica sobre un presupuesto con escasa precisión, el problema deja de ser técnico y se convierte en institucional.
Partidas sin destino claro
Uno de los puntos más cuestionados fue la inclusión de partidas millonarias sin fines específicos. En el Plan de Obras Públicas 2026 (Anexo VI) figuran rubros como “Construcción de nuevos edificios públicos a definir” por $73 millones y “Construcción de nuevos espacios públicos descubiertos y semicubiertos” por $81 millones, sin detallar obras, ubicación ni criterios de ejecución.
También se observó el ítem “Otras reparaciones”, dentro de Inversión Física, por $167.975.845,32, considerado excesivo para un concepto tan amplio.
En el mismo sentido, se aprobó una partida de $52 millones en transferencias a terceros que agrupa aportes a organismos públicos y privados sin discriminación, impidiendo conocer con precisión el destino de los fondos.
A esto se suman rubros genéricos identificados como “Otros”: $140 millones en Servicios de Funcionamiento, $120 millones en Bienes de Consumo y otros ítems más. En conjunto, estos conceptos concentran cerca de $400 millones sin una descripción detallada.
Tributaria 2026 y ajustes automáticos
En materia tributaria, varios concejales advirtieron que el sistema adoptado hace años en el municipio podría derivar en aumentos acumulativos que, en determinados períodos, superen la inflación anual. Al vincular las tasas a una Unidad Fija ajustada por costos e insumos, se habilitan incrementos automáticos determinados por variables de mercado, sin necesidad de un nuevo debate legislativo.
Si bien la Ordenanza Tributaria fue aprobada tras consensuar modificaciones, la principal preocupación en el recinto no estuvo puesta en los valores iniciales, sino en cómo podría evolucionar la carga tributaria a lo largo del año. El foco estuvo en los ajustes vinculados al precio del combustible y de las bolsas de cemento, insumos que funcionan como referencia para calcular las unidades tributarias de cada tasa municipal.
Votos, ausencias y omisiones
El Presupuesto fue aprobado con siete votos afirmativos y uno negativo. Entre quienes acompañaron la iniciativa, Héctor Dingler (Frente Renovador) y Juana Lorenzetti (Cambiemos) dejaron advertencias explícitas sobre la necesidad de respetar la Carta Orgánica Municipal. Ambos fueron convencionales constituyentes y señalaron reparos a determinados mecanismos, aunque decidieron avalar la norma.
La concejal Yanina Holland fue la única que votó en contra, fundamentando su postura en la defensa del rol del Concejo como órgano de control.
Durante la sesión también se recordó el incumplimiento de otra obligación establecida por la Carta Orgánica: la presentación del resumen anual de las actuaciones parlamentarias. Solo las concejalas Marcela Velázquez y Yanina Holland cumplieron con ese requisito. Asimismo, se reiteró la obligación del intendente de presentar su declaración jurada patrimonial.
Un presupuesto aprobado y un control en discusión
Dos de Mayo cuenta formalmente con su Presupuesto y su Ordenanza Tributaria para 2026, pero la sesión dejó expuestas tensiones de fondo sobre el funcionamiento institucional. La aprobación de partidas poco claras, la delegación de amplias facultades al Ejecutivo y los mecanismos de ajuste automático reavivaron el debate sobre el rol real del Concejo Deliberante.
El desafío no será solo administrar casi $3.800 millones, sino garantizar que cada peso gastado y cada tasa cobrada respeten el marco de legalidad, transparencia y control que establece la Carta Orgánica Municipal.
