El miércoles pasado, el secretario coordinador de Gabinete de Dos de Mayo, Sebastián Escalante, se presentó ante el Concejo Deliberante para brindar el informe de gestión que la Carta Orgánica exige de forma mensual desde hace más de dos años. No fue un gesto espontáneo: llegó apenas un mes después de que el propio cuerpo legislativo le aplicara un apercibimiento formal por no presentarse a una convocatoria anterior, con la advertencia de que una nueva ausencia podía derivar en una sanción económica de hasta el 25% de su remuneración (ver nota: "Aplicaron un apercibimiento al secretario coordinador de Gabinete de Dos de Mayo por no asistir al Concejo Deliberante")
Posteriormente el apercibimiento no se pudo realizar por discrepancias en los artículos de la Carta Orgánica, un tema que tocaremos en otro momento. Lo cierto es que haya venido ya es, en sí mismo, una noticia menor pero real: durante casi hora y media respondió preguntas de casi todos los bloques. Que las respuestas hayan sido completas es otra cuestión, y ahí es donde conviene detenerse.
Ambulancias, mascotas y un sistema de control que delega en el vecino
Sobre la ambulancia de Pueblo Illia, Escalante fue concreto: la unidad está fuera de servicio por una falla en la bomba de combustible que derivó, en el proceso de reparación, en un problema adicional en la reductora. El municipio asiste los traslados internos del hospital con un vehículo propio de forma provisoria, mientras Pueblo Illia (que mientras no se independice depende administrativamente de Dos de Mayo) viene siendo auxiliado por la Policía en las urgencias de salud. Al menos eso es lo que el propio funcionario admitió.
Lo mismo puede decirse del programa de castraciones: más de 115 realizadas hasta la fecha, en un municipio donde el propio Escalante reconoció un registro aproximado de 5.000 perros solo en zona urbana. La cuenta la puede hacer cualquiera: al ritmo actual, la brecha entre lo que se castra y la población canina estimada es abismal. No hace falta acusar a nadie de nada para decir que, tal como está planteado, el programa no alcanza a resolver el problema de fondo que le dio origen (el de los perros sin dueño en la vía pública, que ni siquiera llegan a la instancia de un turno de castración).
Por otro lado un sistema llamativo fue el que propuso el propio funcionario para controlar el uso de los vehículos oficiales fuera de horario: pidió a los concejales y a la comunidad que avisen si ven una camioneta municipal circulando un fin de semana o manejada por alguien que no figura en la nómina de choferes. Dicho así, sin vueltas, la lógica es que el control del erario municipal recaiga en la ciudadanía a modo de vigilancia informal, cuando existen herramientas de bajo costo (de un simple registro escrito de salidas y choferes designados a un sistema de geolocalización) que le corresponden al propio Ejecutivo implementar. Que el Concejo controle es su función constitucional; que ese control dependa de que un vecino te mande un WhatsApp a las tres de la tarde de un sábado, no.
Radares: lo que la ley permite y lo que Escalante no precisó
Sobre los radares, Escalante fue categórico al sostener que el municipio "no tiene injerencia" porque se trata de traza de ruta nacional, y que la instalación, autorización y eventual recaudación dependen de Vialidad Nacional y del monitoreo vial de la Policía de Misiones. Formalmente no es falso: la traza es nacional. Pero la respuesta, tal como quedó planteada, resuelve solo la mitad de la pregunta.
La Ley provincial XVIII-N°40 (que regula específicamente los controles de velocidad por cinemómetros en la provincia) designa al Ministerio de Gobierno como autoridad de aplicación, pero también prevé mecanismos de coordinación con los municipios a través de convenios de gestión de cobranzas interjurisdiccionales, con reparto de lo recaudado. Este medio pudo acceder a uno de esos convenios, firmado por otra comuna misionera, que fija justamente ese esquema: procesamiento de infracciones, distribución de lo cobrado y condiciones para el uso de los equipos.
Ese dato corre el eje de la discusión. La pregunta nunca fue de quién es la Ruta Nacional 14. La pregunta es si el Ministerio de Gobierno mantuvo algún tipo de relación institucional con Dos de Mayo antes o durante la instalación del radar móvil, y en qué términos. Escalante respondió la primera con precisión y no dijo una palabra sobre la segunda, algo que tampoco pasó desapercibido para el propio Concejo: la pregunta de si el municipio recibió, evaluó o rechazó alguna propuesta de convenio quedó, otra vez, sin resolver en la sesión.
La traza puede ser nacional. La eventual participación institucional del municipio en el sistema de recaudación que opera dentro de su propio ejido urbano es otra cuestión, y sigue siendo la que el Ejecutivo no contestó.
La estación Lawer: un patrón que ya tiene historia
Acá hay que hacer historia, porque el tema no es nuevo. Tanto el concejo deliberante como este medio ya documentó, con contratos de comodato, que la estación de servicio Lawer (ubicada sobre la Ruta Nacional 14) es propiedad del intendente Ricardo Weber, cedida en comodato a la empresa Cruceño S.R.L. al día siguiente de que Weber asumiera el cargo para "vender" combustible al municipio a un supuesto menor costo, esto fue en diciembre de 2023 ("Cuestionamientos al manejo de combustibles en Dos de Mayo"). En esa misma nota se documentó que los vehículos municipales, que antes cargaban en YPF, pasaron a abastecerse exclusivamente en esa estación. Meses después, este medio también reportó el uso de maquinaria municipal en un terreno del propio intendente, bajo el argumento de una "donación de tierra" que (según los artículos 36, 66 y 224 de la Carta Orgánica citados en su momento) podría no eximir al municipio de haber puesto recursos públicos (combustible, personal, maquinaria) al servicio de una mejora en una propiedad privada del jefe comunal ("Escándalo en Dos de Mayo: acusan al intendente Weber de usar maquinaria pública en su propiedad")
Con ese antecedente, dos datos de la última sesión merecen leerse en conjunto:
Primero, sobre el combustible, Escalante afirmó esta vez que el municipio compra "de dos lugares: una parte de la YPF y otra directamente de la petrolera", con cisterna propia y registro de cargas. La frase abre una pregunta concreta y verificable: ¿esa "petrolera" sigue siendo la estación Lawer, o el municipio efectivamente diversificó su abastecimiento como sugiere el propio Escalante? Si la respuesta es la primera, la exclusividad denunciada en 2024 no habría cambiado sustancialmente, solo se sumó un proveedor adicional (YPF).
Segundo, sobre la obra de asfaltado que Escalante anunció como próxima: la Avenida Alfonsín, que unirá el Barrio Tealera con la rotonda de acceso, en la misma zona donde ya se hizo el empedrado de la colectora frente a la estación Lawer (obra que, según explicó el propio Escalante, fue inspeccionada y aprobada por Vialidad Nacional por tratarse de traza de colectora, no de la propiedad privada). Nadie está afirmando que la obra sea ilegal ni que esté mal ejecutada. Lo que sí es una observación difícil de descartar es que la avenida que se prioriza asfaltar es, otra vez, la que da salida directa a la zona donde el intendente tiene su estación de servicio. Puede ser, como dirían en el propio Concejo, una "enorme casualidad no buscada". Pero cuando la casualidad se repite deja de ser solamente una casualidad y empieza a ser un patrón.
Los horarios: cuando "es la categoría, no el horario" no cierra la cuenta
Un cruce breve, pero con más peso del que pareció tener en el momento, fue el referido a la disparidad horaria entre empleados administrativos (que cumplen de 7 a 12) y empleados del galpón municipal (de 6 a 12), con la sospecha de que cobran lo mismo por una hora menos de trabajo. Escalante respondió que la diferencia no es por horario sino por categoría y tarea (operario, administrativo, maquinista, chofer), y que cada categoría tiene su propia remuneración.
Consultado al Secretario General de ATE sobre este punto, sostuvo que en Dos de Mayo los básicos de cada categoría del escalafón son, en sus palabras, "simbólicos" y no reflejan diferencias reales en la estructura salarial, lo que vuelve indiferente en la práctica a qué categoría pertenece un trabajador. La misma fuente denunció además la existencia de pagos no registrados ("en negro") de entre 350.000 y 400.000 pesos mensuales por tareas vespertinas, y mencionó casos de trabajadores despedidos sin la debida recontratación, cuyas causas (según indicó) ya están en trámite ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. Se trata de una denuncia grave, formulada por una fuente con interés directo en el conflicto.
Lo que sí es objetivamente cierto, porque quedó documentado en la sesión anterior a esta cobertura, es que el propio Concejo Deliberante ya le pidió al intendente que convoque a la mesa de negociación colectiva prevista en la Carta Orgánica, y que hasta el momento del debate esa convocatoria no se había concretado.
Un informe mensual que, para tener sentido, no puede ser solo un formalismo
La Carta Orgánica de Dos de Mayo exige que el secretario coordinador de Gabinete se presente todos los meses a informar. Ese mandato existe precisamente para que preguntas como las de este artículo tengan una instancia institucional de respuesta, y no dependan de que un funcionario decida, un mes sí y otro no, si tiene ganas de venir. Después de la solicitud de apercibimiento de junio, Escalante vino. Ojalá eso se convierta en costumbre, y no en un episodio aislado motivado por la amenaza de una sanción económica. El Concejo tiene ahora, con este primer informe, una base concreta de temas pendientes (el convenio de radares, el origen exacto del combustible, la escala salarial real, los pagos denunciados como no registrados) para no dejar que la próxima convocatoria se resuelva, otra vez, con una sonrisa o un mensajito de WhatsApp.
