La caza furtiva avanza en silencio en el norte de Misiones mientras el Estado provincial exhibe discursos de sustentabilidad hacia afuera, pero fracasa en lo más básico: proteger la selva y a sus comunidades.
En las Rutas Provinciales 16 y 18, la escena se repite con alarmante frecuencia: fotos de restos de animales cazados ilegalmente que circulan entre vecinos indignados y una fauna que se extingue en silencio. Carpinchos, venados y recientemente un anta (dejado con el cuero y la cabeza a un costado del camino) son solo algunos ejemplos de lo que cada fin de semana aparece a la vista de todos.
“Lo denunciamos una y otra vez, pero nadie hace nada. La fauna está desprotegida”, afirman los habitantes de la zona, que aseguran haber realizado denuncias al Ministerio de Ecología sin recibir respuestas. La ausencia de controles fuera de parques nacionales y reservas oficiales deja un vacío que los cazadores ilegales aprovechan con total impunidad.
El Ministerio de Ecología: un gigante inmóvil
Los casos de tala en espacios públicos y reservas naturales urbanas, muchas veces impulsados por intendentes sin planes de manejo, rara vez reciben sanciones ejemplares. Las medidas restitutivas, cuando existen, son simbólicas y “ni para la foto sirven”, señalan ambientalistas. La sensación que predomina es que la prevención (pilar fundamental en toda política ambiental) parece ser apenas una palabra en el diccionario.
Con más del 50% de reservas naturales degradadas en algunas zonas y con evidencia satelital disponible, la falta de reacción oficial resulta incomprensible. Incluso ante denuncias de instituciones y cooperativas, las respuestas estatales suelen ser tibias, cuando no directamente nulas.
El contraste con el “negocio verde”
Mientras los vecinos ven cómo la selva se desangra en sus narices, la provincia de Misiones presenta hacia afuera un perfil de vanguardia ambiental a través del programa ECO2, enmarcado en el mecanismo internacional REDD+, que busca reducir emisiones por deforestación y degradación de bosques.
Sin embargo, el director de la Sociedad Rural Argentina, Andrés Costamagna, advirtió en una visita a Dos de Mayo hace un tiempo atrás, que muchos productores locales han sido excluidos de los beneficios reales del programa. Según denunció, Misiones ya vendió anticipadamente créditos de carbono por 2,5 millones de dólares, pero ese dinero fue a parar a consultoras suizas y a contratos con la petrolera Mercuria, socia en Vaca Muerta, mientras los productores misioneros apenas reciben un 30% de lo recaudado, a contramano del esquema nacional que plantea un 70% para ellos y un 30% para el Estado.
“Nos dijeron siempre que éramos una potencia agroalimentaria, pero también fuimos una potencia ambiental. El problema es que nunca le dimos el valor que se merece”, señaló Costamagna.
Un doble discurso difícil de ocultar
La contradicción es evidente: hacia afuera, Misiones vende créditos de carbono y se muestra como referente en conservación; hacia adentro, la fauna emblemática (como el anta, especie clave para el equilibrio de la selva) es cazada sin que nadie lo impida. La brecha entre el discurso oficial y la realidad que denuncian los vecinos no hace más que agrandar la desconfianza.
Si el Estado no actúa con firmeza, no solo se seguirá perdiendo biodiversidad, sino también legitimidad frente a las propias comunidades que viven en y de la selva. La caza furtiva no es solo un delito ambiental: es un síntoma de un sistema donde la impunidad se multiplica y donde la política ambiental parece priorizar los negocios antes que la conservación real.
