La Justicia Federal dispuso que los 17 policías, activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición de Mario Fabián Golemba, continúen el proceso bajo prisión domiciliaria.
La medida había alcanzado inicialmente a seis imputados, pero durante las últimas horas la jueza federal Verónica Skanata amplió el beneficio al resto de los sospechosos. Todos deberán fijar domicilio y cumplir una serie de restricciones mientras avanzan las nuevas testimoniales incorporadas al expediente.
Entre los primeros beneficiados estuvieron el comisario retirado Ewaldo Katz y los policías Mario Francisco Villar, José Roberto Pereyra Da Silva, Cristian Andrés Silva, Juan Ramón Ferreyra y Alejandro Alfonso González Samudio. Durante la jornada de este jueves se conocieron las restantes resoluciones para los demás efectivos.
La prisión domiciliaria fue concedida bajo caución juratoria. Los imputados tendrán prohibido mantener contacto entre sí, con testigos y con las víctimas. También deberán abstenerse de acercarse a las dependencias policiales donde prestaban funciones y tendrán prohibido salir del país.
Además, todos serán incorporados al Programa de Vigilancia Electrónica y deberán utilizar dispositivos de monitoreo, cuyo seguimiento estará a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.
La causa investiga la desaparición forzada de Mario Golemba, ocurrida el 27 de marzo de 2008. El joven tenía 27 años y ese día salió de su vivienda en Picada Indumar, en Dos de Mayo, rumbo a Oberá para asistir a una consulta médica. Luego avisó a su familia que regresaría más tarde, pero nunca volvió.
Con el paso de los años, distintas declaraciones comenzaron a señalar a la comisaría de Dos de Mayo. Dos testigos de identidad reservada aseguraron haber visto a Golemba detenido y golpeado dentro de esa dependencia policial.
En 2021, luego del impulso de la familia y de la querella, integrada por Pereryra Pigerl y Vignolles, el expediente pasó al fuero federal y comenzó a investigarse como una desaparición forzada de persona.
La investigación sostiene como hipótesis la existencia de un supuesto “pacto de silencio institucional” y de maniobras destinadas a ocultar el destino del joven y garantizar impunidad. La Fiscalía Federal Dos, a cargo de Silvina Gutiérrez, sostiene que pudo existir una privación ilegítima de la libertad, una posterior permanencia bajo custodia estatal clandestina y acciones destinadas a encubrir lo ocurrido.
Entre los elementos analizados figuran presuntas omisiones en registros oficiales, versiones coincidentes entre funcionarios y otras maniobras que habrían desviado la investigación.
Con las 17 detenciones ordenadas esta semana y la posterior concesión de la prisión domiciliaria, la causa atraviesa uno de sus momentos de mayor trascendencia desde que comenzó la investigación federal.
