Después de seis años de actuaciones judiciales, el expediente contra el exintendente Waldomiro Dos Santos y dos exfuncionarios de su administración fue remitido al Tribunal Penal 1 de Oberá. La investigación se inició en 2020, cuando la gestión de Fabián Rodríguez denunció presuntas irregularidades en operaciones inmobiliarias del municipio y advirtió sobre diferencias entre los pagos de los compradores y los registros de la administración.
Dos Santos, el exsecretario de Hacienda Hugo Rubén Barovicz y el exjefe de Recaudaciones Juan Néstor Ladomiro deberán responder por presunta malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real. La elevación a juicio no implica una declaración de culpabilidad: la responsabilidad penal de los acusados deberá establecerse en el proceso judicial.
La remisión de las actuaciones quedó formalizada mediante un oficio del 28 de septiembre de 2026, firmado digitalmente por el juez de Instrucción 3 de San Vicente, Gerardo Alberto Casco, y Valeria del Mar Rojas. El expediente principal, identificado con el número 63448/2020, comprende cuatro cuerpos y 785 fojas, además de distintos incidentes acumulados durante la investigación.
El origen de una denuncia que sacudió a la Municipalidad
El caso salió a la luz en julio de 2020, durante los primeros meses de la gestión de Rodríguez. La administración municipal había comenzado a revisar documentación correspondiente a operaciones realizadas durante el gobierno de su antecesor y denunció posibles maniobras irregulares en la venta de terrenos pertenecientes a la comuna, principalmente remanentes de la antigua traza de la ruta nacional 14.
La presentación penal apuntó a Dos Santos, quien había dejado la intendencia en diciembre de 2019, y a dos integrantes de su equipo administrativo. Según la denuncia, existían operaciones en las que los compradores habían abonado los inmuebles y recibido comprobantes, pero posteriormente aparecían recibos anulados en el sistema de recaudación municipal.
La preocupación de la nueva gestión era que los pagos efectuados por particulares no se reflejaran correctamente como ingresos de la Municipalidad. Las observaciones también incluían diferencias entre la documentación disponible y los registros contables, además de la falta de respaldo administrativo de determinadas transacciones.
El 6 de julio de 2020, el intendente presentó una denuncia penal en representación del municipio. Ese mismo día, concejales de distintos espacios políticos realizaron otra presentación y solicitaron la detención de los involucrados, una medida que debía ser evaluada por la Justicia.
Al día siguiente, Dos Santos se presentó ante el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, acompañado por sus abogados, y manifestó su disposición a comparecer ante la Justicia para esclarecer la situación.
Nuevas presentaciones y otros movimientos bajo sospecha
La investigación sumó nuevas denuncias durante los meses siguientes. En septiembre de 2020, Rodríguez informó sobre otra presentación penal contra los mismos exfuncionarios, esta vez por presuntas irregularidades en la recaudación de tributos municipales.
Según la documentación difundida entonces, un contribuyente se había presentado en la Municipalidad con un recibo de pago y un certificado de libre deuda, pero posteriormente recibió una intimación por una obligación que consideraba cancelada. La revisión administrativa habría detectado un comprobante anulado por 280.000 pesos y diferencias entre los registros del sistema de recaudación y las planillas de caja.
La presentación sostuvo que el mecanismo observado guardaba similitudes con el denunciado en las ventas de terrenos, aunque se trataba de hechos diferentes: uno relacionado con ingresos tributarios y otro con operaciones inmobiliarias.
En septiembre también se conoció una nueva denuncia vinculada con la venta de un terreno remanente de la antigua ruta nacional 14. En ese caso, un vecino presentó documentación de la operación, un recibo por 402.130 pesos y la escritura del inmueble adquirido al municipio. Rodríguez volvió a solicitar la detención de los denunciados.
Estos antecedentes forman parte de la secuencia de presentaciones que San Vicente Informa publicó durante 2020 y permiten reconstruir cómo las observaciones iniciales derivaron en nuevas actuaciones judiciales. Sin embargo, cada denuncia debe distinguirse de la acusación concreta que finalmente será sometida a juicio.
La investigación avanzó en 2023
El expediente registró otro avance relevante en marzo de 2023, cuando el juzgado convocó a indagatoria a los exfuncionarios. Dos Santos compareció el día 20 y optó por abstenerse de declarar, en ejercicio de su derecho constitucional.
La investigación quedó encuadrada en los delitos de malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público, en concurso real. Durante esa etapa, el exintendente continuó en libertad mientras avanzaba el proceso.
La denuncia original mencionaba operaciones cuestionadas por un total de 3.636.305 pesos, según los valores de 2020. Esa suma corresponde a los montos consignados en aquella presentación y no debe interpretarse como una cuantificación judicial actualizada del eventual perjuicio económico.
Otros antecedentes de la administración anterior
Las actuaciones por los terrenos no fueron las únicas observaciones que alcanzaron a la gestión de Dos Santos. En marzo de 2024, el Tribunal de Cuentas de Misiones aplicó sanciones económicas al exintendente y a varios antiguos funcionarios por irregularidades detectadas en la administración municipal.
Ese procedimiento incluyó cargos pecuniarios por aproximadamente 31 millones de pesos y multas de 660.000 pesos para Dos Santos y Barovicz. Las observaciones comprendían faltantes de bienes patrimoniales, deficiencias documentales, irregularidades administrativas y problemas en las rendiciones de cuentas.
También en agosto de 2020, San Vicente Informa había publicado una investigación sobre un presunto sobreprecio en la compra de una motoniveladora durante la anterior administración. Ese antecedente corresponde a una cuestión distinta y no debe confundirse con la causa penal por la venta de terrenos.
De la denuncia al futuro juicio
Con la remisión del expediente al Tribunal Penal 1 de Oberá, la causa deja atrás la etapa de instrucción y pasa a la instancia en la que deberán analizarse las acusaciones y las pruebas reunidas.
El recorrido judicial comenzó con una denuncia de la administración municipal en julio de 2020, continuó con nuevas presentaciones por operaciones inmobiliarias y recaudación tributaria, y avanzó con las indagatorias de 2023.
Ahora, el proceso deberá determinar si las conductas atribuidas a Dos Santos, Barovicz y Ladomiro configuran los delitos por los que fueron acusados. La elevación a juicio representa un avance procesal después de seis años de investigación, pero la definición sobre las responsabilidades penales dependerá de lo que se acredite ante el tribunal.
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