Hay sesiones del Concejo Deliberante que dejan más preguntas que respuestas. Y después está lo ocurrido el miércoles 18 de noviembre en Dos de Mayo, cuando el intendente Ricardo Weber fue convocado a dar explicaciones y terminó protagonizando una exposición que tuvo de todo: respuestas evasivas, reproches a los concejales, desconocimiento de cuestiones elementales de su propia gestión y un cierre tan inesperado como desconcertante.
Porque cuando parecía que la discusión había terminado, Weber decidió agradecer públicamente la visita del papa León XIV a la Argentina. Así, sin transición, como quien cambia de canal en medio de una conversación incómoda.
El motivo de la convocatoria era concreto: explicar los trabajos realizados en un terreno perteneciente a Sebastián Escalante, secretario coordinador de Gabinete, por donde habrían transitado camiones municipales. Weber llegó con un informe preparado y una conclusión anticipada: la denuncia de Ramiro Lorenzo era “totalmente falsa”.
Según su explicación, no se trató de una intervención en un inmueble privado con fines particulares, sino de una obra vial y de saneamiento sobre la Ruta Municipal 2, necesaria para solucionar las inundaciones recurrentes en la zona. Sostuvo que los trabajos incluyeron el ensanchamiento del camino público, la colocación de nuevos tubos de desagüe y la limpieza y canalización del arroyo. También afirmó que Escalante había autorizado el paso provisional de los camiones por su propiedad y que el municipio reparó los daños ocasionados.
Hasta ahí, una explicación que podía ser discutida, contrastada y respaldada con documentación. El problema comenzó cuando los concejales intentaron hacer precisamente eso.
El primer nudo: las facturas
Yanina Holland pidió algo bastante elemental para cualquier administración pública: conocer cuánto se gastó, dónde se compraron los tubos, cuántos se utilizaron, qué maquinaria intervino, cuánto combustible se consumió y qué personal trabajó.
La respuesta oficial hablaba de aproximadamente 1.700.000 pesos, pero no incluía el detalle que el Concejo había solicitado.
Weber respondió que todo estaba ingresado y que su secretario debía revisar la documentación. Pero cuando Holland insistió, el intendente dejó una frase que retrata bastante mejor el problema que cualquier análisis: “Son facultades del Ejecutivo. Yo mando la máquina, pongo el combustible y no tengo por qué. Si te queda alguna duda, hacelo por escrito y el contador te va a explicar”.
El detalle es que el pedido ya se había presentado por escrito. No era una ocurrencia de una concejal ni una pregunta lanzada al pasar. Era un requerimiento institucional aprobado por el cuerpo legislativo. Y, sin embargo, el intendente parecía explicarle al Concejo que administrar una máquina municipal le otorgaba también el derecho a decidir qué información debía conocer el órgano encargado de controlar su gestión.
Holland no dejó pasar la contradicción. Preguntó qué podía esperar un vecino si ni siquiera los representantes legislativos conseguían respuestas. La pregunta quedó flotando en el recinto, mientras Weber continuaba desplazando la discusión hacia las redes sociales, las acusaciones y el desgaste que, según él, generaba el denunciante.
El segundo nudo: “haceme la lista”
La sesión todavía tenía más.
La concejal planteó que numerosas ordenanzas aprobadas por el Concejo permanecían archivadas y no se aplicaban. Weber respondió: “Haceme la lista y haceme llegar”.
Una contestación llamativa para un intendente que lleva adelante la administración municipal y que, en teoría, debería conocer las normas que regulan su funcionamiento. La secretaria del Concejo confirmó que las comunicaciones se enviaban al Ejecutivo en tiempo y forma. Entonces la pregunta dejó de ser si el Concejo había cumplido con remitirlas y pasó a ser otra: ¿qué sucede con ellas cuando llegan a la Municipalidad?
¿Quién las recibe? ¿Quién las registra? ¿Quién debe darles curso? ¿Y por qué el intendente necesita que le hagan una lista de ordenanzas que ya fueron sancionadas?
No es un detalle administrativo. Es el funcionamiento mismo de las instituciones. Las ordenanzas no son sugerencias, los pedidos de informes no son favores y el Concejo Deliberante no es una oficina de reclamos que deba insistir hasta conseguir que alguien del Ejecutivo tenga tiempo de responder.
El tercer nudo: las obras que no se recuerdan
La escena se volvió todavía más desconcertante cuando una concejal consultó a Weber sobre las obras previstas para el año próximo, en el marco del análisis del presupuesto 2027. El intendente respondió: “Yo en este momento no me acuerdo”.
Aclaró que las obras estaban detalladas en el anexo de Obras Públicas y que la contadora podía responder las consultas.
No se le estaba pidiendo que recitara de memoria cada partida presupuestaria. Se le preguntaba qué pensaba hacer con el municipio durante el próximo año. Hay una diferencia bastante grande entre no recordar un número y no poder mencionar las principales obras que proyecta la administración que uno conduce.
En cualquier organización, quien está al frente debe conocer el rumbo general, aunque delegue los detalles técnicos. En Dos de Mayo, al menos durante aquella sesión, el responsable del Ejecutivo pareció necesitar que alguien le recordara cuál era ese rumbo.
Y ese patrón se repitió durante toda la sesión: cuando la pregunta incomodaba, la respuesta se corría de lugar. Primero fueron las facturas. Después, las ordenanzas. Más tarde, las obras. Siempre el mismo movimiento: trasladar la responsabilidad, pedir que otro explique, sugerir que el problema es la pregunta y no la falta de respuesta.
El cierre: el Papa
Y entonces llegó el momento más extraño de toda la sesión.
Weber terminó de responder las preguntas y comenzó a despedirse. En lugar de cerrar con alguna consideración sobre los temas tratados, agradeció públicamente la visita del papa León XIV a la Argentina y se extendió sobre el mensaje que había dejado en la sociedad. Habló de la familia, de la Iglesia, de la política y de la fuerza del Espíritu Santo. En un momento confundió al papa con un obispo y dijo que, estando a mil kilómetros, escuchaba sus palabras como si estuviera en el lugar.
No hay nada cuestionable en que un intendente exprese su fe, su admiración por el papa o su emoción por una visita religiosa. El problema no fue el contenido religioso, sino el contexto. Después de una sesión cargada de preguntas sin respuestas claras, reclamos por ordenanzas que no se cumplen y discusiones sobre el control de los recursos públicos, aquel discurso apareció sin conexión alguna con lo que se estaba tratando. Fue un cambio brusco, casi teatral. Una salida de escena que dejó la sensación de que se había pasado a otro acto sin que nadie hubiera anunciado el intervalo.
La frase final
Y todavía hubo una última frase. Al despedirse, Weber volvió sobre las redes sociales y señaló que muchas publicaciones no cuentan con la documentación correspondiente. Después remató, casi entre dientes: “Deberían controlarse”.
La frase merece atención. Un funcionario puede desmentir una publicación, exhibir documentos, reclamar una rectificación o acudir a la Justicia si considera que se cometió un delito. Lo que no debería hacer es sugerir, frente a cuestionamientos sobre su gestión, que las redes sociales necesitan ser controladas. La libertad de expresión no depende de que una publicación agrade al intendente ni de que venga acompañada por la documentación que él considere suficiente. El poder público debe responder a las críticas con información y argumentos, no con insinuaciones sobre la necesidad de controlar lo que dicen los ciudadanos.
El problema de fondo
Más allá del desconcierto, el episodio abre una pregunta de fondo sobre las herramientas del Concejo. La Carta Orgánica establece mecanismos de control, fija obligaciones para responder pedidos de informes y contempla sanciones ante determinados incumplimientos. También prevé comisiones investigadoras y un procedimiento de juicio político ante faltas graves o mal desempeño. El problema es que, cuando el deterioro institucional llega a ese punto, las herramientas más contundentes pueden conducir a una crisis política de consecuencias mucho mayores.
Y esa es una de las cuestiones que Dos de Mayo no puede ignorar. El municipio necesita estabilidad, previsibilidad y condiciones para atraer inversiones privadas que generen actividad y empleo. Una destitución no es un trámite administrativo ni una discusión entre concejales. Puede dejar una marca institucional y abrir un período de incertidumbre. Pero tampoco se puede utilizar ese riesgo como excusa para que las obligaciones del Ejecutivo queden libradas a su voluntad.
La estabilidad no significa mirar hacia otro lado. Significa que las instituciones funcionen sin que cada pedido de información termine en una pulseada y cada cuestionamiento sea interpretado como una agresión personal.
Lo ocurrido el miércoles no permite afirmar por sí solo que se haya cometido un delito. Pero tampoco hace falta que una conducta alcance el umbral de lo ilegal para que resulte inadmisible, impropia o institucionalmente vergonzosa. Hay comportamientos que pueden moverse en el límite de lo reglamentario y, aun así, revelar una forma preocupante de entender el ejercicio del poder.
El problema de Dos de Mayo no es que el intendente y los concejales piensen distinto. Es que el diálogo institucional parece haberse convertido en una sucesión de reproches, evasivas y explicaciones que no terminan de responder lo que se pregunta. Un intendente no está obligado a darle la razón al Concejo, pero sí a respetar sus atribuciones. No tiene que aceptar cada cuestionamiento, pero debe responder con documentación cuando se le requiere información sobre el uso de recursos públicos. Y no puede tratar las ordenanzas como si fueran papeles que aparecen y desaparecen según quién los recuerde.
Los vecinos pueden preguntarse por qué el Concejo no actúa con mayor firmeza. La respuesta no es tan sencilla: sus herramientas existen, pero algunas de las más contundentes conducen a un procedimiento de destitución que puede tener consecuencias para todo el municipio. Esa responsabilidad obliga a medir cada paso, no a renunciar al control.
Lo que no puede naturalizarse es que un intendente concurra a dar explicaciones y termine dejando más dudas que antes, que responda a un pedido formal con un “haceme la lista”, que diga que no recuerda las obras que proyecta su administración y que, después de todo eso, se despida hablando del papa como si nada de lo anterior hubiera ocurrido.
La escena fue insólita. Y lo verdaderamente preocupante es que ya no parece tratarse de un episodio aislado, sino de otro capítulo de una relación institucional deteriorada, cuyo costo no lo pagan quienes discuten en el recinto, sino los vecinos de Dos de Mayo.
SESIÓN COMPLETA:


