La demora de un adolescente el domingo, otros ocho adolescentes durante la madrugada de este lunes en San Vicente, otro en El Soberbio y Dos más en Dos de Mayo vuelve a poner sobre la mesa una problemática que genera preocupación en distintas localidades de Misiones: la participación de jóvenes cada vez más chicos en episodios de violencia, intimidación y, en algunos casos, hechos delictivos.
Seis de los adolescentes fueron demorados en San Vicente por disturbios en la vía pública durante la Estudiantina Sanvicentina, mientras que otros dos fueron identificados cuando merodeaban viviendas en la zona céntrica de Dos de Mayo.
El domingo por la noche un adolescente de 16 años fue demorado por provocar desórdenes en la calle Martín Miguel de Güemes de San Vicente, y otro en El Soberbio, donde un joven de 17 años fue demorado por disturbios sobre la Avenida Rivadavia. En todos los casos, los menores fueron entregados a sus progenitores.
Lo que durante años parecía una problemática más asociada a los grandes centros urbanos, especialmente al conurbano bonaerense, también genera preocupación en localidades del interior misionero. Los episodios denunciados de robos, amenazas y amedrentamiento atribuidos a grupos de jóvenes alimentan la inquietud de vecinos que reclaman poder circular y desarrollar sus actividades cotidianas sin temor.
La preocupación no pasa solamente por la edad de los involucrados, sino también por determinadas conductas observadas en algunos grupos. Hay denuncias y testimonios sobre menores que se desplazan en patotas, consumen alcohol y otras sustancias, intimidan a otras personas o exhiben armas de fuego en las redes sociales. En determinados casos, también se mencionan tatuajes asociados a la cultura delictiva. Sin embargo, es necesario distinguir entre los comportamientos efectivamente comprobados y las apariencias, que por sí solas no constituyen pruebas de una conducta criminal.
El problema aparece cuando la intimidación deja de ser una provocación aislada y se convierte en una forma de imponer miedo. Cuando un vecino evita salir de noche, un comerciante teme cerrar su negocio o una familia siente que no puede circular con tranquilidad por su propio barrio, la situación deja de ser una cuestión menor y se transforma en un problema de convivencia y seguridad pública.
La nueva edad de imputabilidad cambia el escenario
El debate adquiere otra dimensión con la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en Argentina. La normativa nacional también rige en Misiones y permite que los adolescentes de 14 y 15 años sean sometidos a un proceso penal por delitos comprendidos en el régimen.
La modificación no significa que todo menor que cometa una infracción vaya automáticamente a prisión ni que se le aplique la misma pena que a un adulto. El sistema contempla un régimen específico para adolescentes, con garantías y sanciones diferenciadas. Pero establece un cambio relevante: cumplir 14 años ya no implica quedar fuera del sistema de responsabilidad penal por razón de la edad.
En ese contexto, la pregunta es inevitable: ¿qué respuesta recibirán las víctimas cuando los responsables de un robo, una amenaza o un hecho violento tengan entre 14 y 15 años? ¿Y qué mecanismos se aplicarán para evitar que los adolescentes involucrados reincidan?
La respuesta no puede limitarse a una intervención policial, una demora y la posterior entrega del menor a sus padres. Esas actuaciones pueden resultar necesarias, pero cuando existen conductas reiteradas se requiere una intervención coordinada de la Justicia, las familias, las escuelas y los organismos de protección de la niñez, cada uno dentro de sus responsabilidades.
También será necesario que las autoridades de Misiones expliquen cómo se implementa el nuevo régimen en la práctica: qué recursos están disponibles, cómo se realiza el seguimiento de los adolescentes involucrados en hechos delictivos y qué alternativas existen para prevenir la reincidencia. Una reforma legal, por sí sola, no resuelve un problema si no cuenta con los medios necesarios para aplicarla.
La edad de los protagonistas no puede convertirse en una excusa para desentenderse de los hechos, del mismo modo que tampoco corresponde estigmatizar a todos los adolescentes por las conductas de algunos. Los menores tienen derechos que deben respetarse, pero los vecinos también tienen derecho a vivir sin amenazas ni violencia.
Actuar antes de que sea tarde
El desafío para San Vicente, Dos de Mayo y el resto de Misiones es actuar antes de que estas conductas escalen. La prevención, el control del acceso a las armas, la intervención temprana ante el consumo problemático y el seguimiento de los casos de violencia deben formar parte de una respuesta sostenida.
También hace falta información pública. Para determinar si la violencia juvenil está aumentando, es necesario conocer las estadísticas sobre delitos cometidos por menores, las edades de los involucrados, la reincidencia y la evolución de las denuncias. Sin esos datos, cualquier afirmación sobre una tendencia generalizada corre el riesgo de quedarse en una percepción, por más extendida que sea la preocupación social.
La nueva legislación establece un marco distinto para abordar los delitos cometidos por adolescentes desde los 14 años. Ahora, el desafío es que esa herramienta se traduzca en una respuesta efectiva, tanto para las víctimas como para la prevención de nuevos hechos.
Porque cuando el miedo empieza a instalarse en los barrios, mirar para otro lado no puede ser una opción. Y cuando los protagonistas de episodios de violencia son cada vez más jóvenes, la sociedad necesita algo más que procedimientos aislados: necesita respuestas concretas, responsabilidad y políticas que lleguen antes de que el daño sea mayor.
