El 7 de mayo de 2025 quedará en la memoria política argentina como el día en que la Ficha Limpia nacional se cayó por un solo voto. Los protagonistas del desenlace fueron dos senadores misioneros: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del entonces Frente Renovador de la Concordia, hoy rebautizado Encuentro Misionero en lo que el propio Carlos Rovira presentó como una "evolución cuántica" del espacio, aunque la estructura de poder permanece intacta desde 1999. Ambos legisladores habían prometido públicamente votar a favor. Horas antes de la sesión, seguían ratificando ese compromiso.

El giro fue tan abrupto que encendió la indignación nacional. La diputada Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras de la ley, salió a decirlo en un canal de Buenos Aires: Sonia Rojas Decut se había comprometido a aprobar Ficha Limpia, y había confirmado ese compromiso días antes. La propia senadora lo había dicho en una radio posadeña, apenas un mes antes de la votación: "Ficha Limpia tiene que salir, es algo que la sociedad demanda y es transversal a todas las fuerzas políticas del país. La gente quiere representantes íntegros, comprometidos con la ética y con la responsabilidad pública."

El costo político del giro fue alto. El nombre de Misiones quedó pegado al rechazo de una norma que el 70% de los argentinos respaldaba según todas las encuestas. La respuesta del oficialismo provincial llegó con esto: un proyecto provincial propio de Ficha Limpia, presentado como algo más completo, más moderno, más exigente que el nacional y que sus propios senadores ayudaron a hundir. En los comunicados oficiales suena impecable. En el borrador que pude analizar, hay preguntas que (por ahora) no responden.

La cláusula que objetaron en Buenos Aires y reprodujeron en Posadas

Para entender el primer y más llamativo hallazgo del borrador, hay que hacer un poco de historia. El proyecto de Ficha Limpia que el gobierno nacional envió al Congreso en enero de 2025 contenía, en su primer artículo, un párrafo que generó resistencia inmediata entre los propios legisladores que lo debatían. Ese párrafo establecía que la prohibición para presentarse como candidato solo operaría cuando la condena estuviera confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año anterior a las elecciones. Es decir: cualquier condena que llegara entre el 1° de enero y el día de las elecciones no impedía a nadie presentarse. Podría ser candidato igual, y la restricción recaería recién en la elección siguiente.

Los propios legisladores que negociaron el texto en Diputados rechazaron esa cláusula. La consideraron de dudosa constitucionalidad y señalaron que abría una ventana de impunidad de hasta once meses. El texto final que obtuvo media sanción la eliminó. Fue descartada antes de la votación.

Ahora bien. El borrador del proyecto misionero al que accedí reproduce, en el segundo párrafo del artículo 3°, el siguiente texto:

Es, sin cambiar una coma, la misma cláusula que fue cuestionada en el debate nacional y eliminada del texto definitivo. La misma que genera la ventana de once meses. La misma que los propios legisladores del Congreso (no el kirchnerismo, sino los dialoguistas) consideraron problemática.

Es una pregunta que merece respuesta pública antes de que el texto se vote. Especialmente porque el Encuentro Misionero (ex Frente Renovador de la Concordia) presentó este proyecto como una superación del nacional. Si eso es así, ¿por qué preservar el artículo que el propio debate nacional ya descartó?

Dos leyes que se potencian: la Fiscalía de Ciberdelitos y quedar afuera sin condena

Aquí viene el punto que considero más relevante de todo el análisis, y que requiere leer dos normas en simultáneo.

El artículo 5°, inciso 1, del borrador establece que quedar automáticamente fuera de una candidatura puede ocurrirle a alguien que registre "un requerimiento de elevación a juicio" por ciberdelitos. A diferencia de todas las otras causales del proyecto, esta no requiere condena. Ni siquiera de primera instancia. No requiere que el juicio haya comenzado ni que exista ninguna sentencia. Alcanza con que un fiscal presente formalmente la solicitud de que la causa vaya a juicio.

¿Quién hace ese requerimiento en Misiones? El Fiscal Especializado en Ciberdelitos. ¿Y esa fiscalía existe? Sí, ya fue creada por ley, periodísticamente fue llamada la "Ley Mordaza". En el artículo 5° de esa norma ya vigente, ese fiscal tiene la facultad de secuestrar teléfonos y dispositivos electrónicos cuando existan "sospechas fundadas" de que fueron usados para cometer delitos. Y el artículo 7° de esa misma ley le permite actuar cuando alguien difunda por medios electrónicos contenidos que puedan encuadrar en los delitos de injurias, calumnias, intimidación o incitación a la violencia, incluyendo expresamente las "noticias falsas" (fake news) generadas con inteligencia artificial.

La combinación de ambas normas abre un interrogante que hay que formular con todas las letras: si el Fiscal Especializado en Ciberdelitos puede, bajo la ley ya sancionada, secuestrar el teléfono de un periodista que publicó una nota crítica porque considera que es una "fake news" o una "injuria", ¿podría ese mismo fiscal (cuyo nombramiento depende del poder político) generar el requerimiento que, bajo el proyecto de Ficha Limpia, dejaría automáticamente afuera a un candidato opositor antes de que exista condena, antes de que exista juicio, antes de que se pruebe absolutamente nada?

En Misiones, donde el poder judicial provincial mantiene una relación históricamente estrecha con el poder político, la concentración de estas facultades en un organismo designado por ese mismo poder merece, cuanto menos, debate público antes de la sanción.

La deuda fiscal: fuera de la carrera por lo que diga el intendente

El artículo 4°, inciso 2, del borrador establece que no pueden ser candidatos quienes "mantienen deudas exigibles con el fisco provincial o municipal". La redacción parece razonable a primera vista. El problema central es quién determina que una deuda es exigible.

No un juez. No un tribunal con resolución firme. La Dirección General de Rentas provincial y las tesorerías municipales, que dependen directamente del Poder Ejecutivo. El borrador no exige resolución judicial previa. No hay en el texto ningún mecanismo que impida que una deuda fiscal sea declarada "exigible" justo en tiempos electorales sobre un candidato que molesta.

Las multas de tránsito: tres infracciones y fuera de la carrera

El artículo 5°, inciso 2, agrega otra causal que merece atención:

El borrador no define qué es una "infracción grave" a los efectos de esta norma. Los registros de infracciones son municipales y provinciales, sin criterios unificados ni auditoría independiente. Es decir: la administración de ese registro queda en manos de los mismos organismos que podrían tener interés político en los resultados de una elección. ¿Qué garantía existe de que ese registro no pueda usarse (en uno u otro sentido) por un gobierno municipal con candidatos propios en la boleta?

El test de drogas: un requisito que ya es ley, con preguntas abiertas

A diferencia de los puntos anteriores, el análisis toxicológico ya fue incorporado al marco legal provincial. El artículo 6° del proyecto exige a todos los candidatos un certificado que acredite ausencia de consumo de sustancias psicoactivas, con análisis de cuatro muestras biológicas: orina, saliva, pelo y sangre.

La ciudadanía en general celebra la medida y es comprensible: nadie quiere representantes con problemas de consumo activo. Pero hay una cuestión técnica que conviene conocer. El análisis de pelo detecta consumo de hasta noventa días anteriores. Esto significa que alguien que consumió cannabis recreativamente tres meses antes de presentar su candidatura podría quedar afuera, aunque no tenga ninguna causa judicial y ningún problema de salud activo diagnosticado. La Corte Suprema, en el fallo "Arriola" de 2009, estableció que la tenencia de drogas para consumo personal está protegida por el artículo 19 de la Constitución Nacional.

Más allá del debate jurídico, hay una pregunta de orden político que resulta inevitable: dado que el análisis detecta consumo histórico y los resultados son gestionados por organismos públicos, ¿podría esta causal ser usada de manera selectiva contra candidatos específicos mientras se protege a otros? Es, por ahora, una pregunta. El diseño del borrador no ofrece garantías de que la respuesta sea no.

Lo que la ley no alcanza: los que ya están adentro

Existe un silencio en el borrador que habla más alto que cualquier artículo. Todas las causales de inhabilitación aplican exclusivamente a candidatos. Es decir, a quienes quieren entrar. El proyecto no contiene ninguna disposición que opere sobre funcionarios ya en ejercicio.

Un gobernador, un legislador o un intendente que ya está en funciones y acumula después tres multas de tránsito, o tiene una deuda fiscal, o tiene un pedido fiscal por ciberdelitos en su contra, no pierde el cargo. Las exigencias son para la puerta de entrada. Una vez adentro, las reglas dejan de aplicarse.

Lo que la ciudadanía tiene derecho a saber antes de que se vote

Insisto: trabajo con un borrador. Muchos de los puntos que observé pueden cambiar antes de que el proyecto llegue al recinto. El texto definitivo podría corregir las inconsistencias, aclarar las ambigüedades y cerrar las ventanas que identifiqué y otras que no. Ojalá así sea.

Pero mientras exista una versión de este proyecto que reproduce la cláusula que el propio debate nacional descartó, que permite dejar a alguien afuera de una candidatura por un simple pedido fiscal sin ninguna condena, que convierte registros municipales sin auditoría en causales para impedir que alguien se presente, y que no alcanza a los funcionarios ya en ejercicio, los misioneros tienen derecho a saberlo.

Esas son las preguntas que cualquier representante electo debería poder responder en público, con el texto del proyecto en la mano, antes de pedir el voto de su bloque. ¿Cuándo va a haber un debate abierto sobre estas cuestiones? ¿Habrá audiencias públicas? ¿Se convocará a especialistas en derecho constitucional, a organizaciones civiles, a gente de los medios?

Una Ficha Limpia bien diseñada es una herramienta valiosa para la democracia. Una Ficha Limpia mal diseñada puede ser exactamente lo contrario. La diferencia está en los detalles. Y en quién tiene el poder de manejarlos.