Ya a han pasado varias semanas desde que se secuestró el Chevrolet Corsa, con pedido de secuestro y que era conducido por un empleado judicial. Hasta ahora no hay avances claros en la investigación pero hay datos interesantes para compartir. Recordemos primero el hecho. Unos policías detienen un vehículo y constatan que el mismo tenía pedido de secuestro en la ciudad de Buenos Aires. El conductor es identificado como Javier Alejandro Illesca de 25 años. Empleado judicial de menor rango que se desempeñaba en el Juzgado de Instrucción Nº3 de San Vicente.
Poco tiempo después se secuestró otro vehículo, un VW Gol gris con un permiso de conducir adulterado con la firma y sello del Fiscal Cáceres. Supuestamente esta documentación la habría facilitado este empleado judicial que curiosamente ya habría trabajado en el Registro de la Propiedad del Automotor años anteriores. Lo insólito es que un Fiscal no puede realizar una autorización de manejo aun cuando remplazára al Juez de Instrucción por licencia (cosa que ocurrió en estos últimos 2 meses). Eso lo hace un escribano, un Juez Civil, un Juez Penal (cuando ordena por ejemplo un depósito judicial) o como corresponde desde el Registro del Automotor.
A los pocos días de haberse registrado estos hechos la justicia secuestra de la Defensoría y de Fiscalía de San Vicente todos los sellos, computadoras y documentaciones involucradas en la causa para realizar las investigaciones correspondientes y verificar si realmente hubo o no falsificación de documentos o hasta falsificación de firmas, en este caso la del Fiscal Cáceres.
¿Cómo este empleado logró semejante azaña sin que nadie se diera cuenta? teniendo en cuenta que él ya tenía antecedentes en una causa anterior donde rellenó un contrato entre 2 personas y resultó estafada una mujer y en donde las pericias de este caso ya llevan un año y aun no fueron dadas a conocer públicamente (si es que se terminaron). Inclusive se rumorea que el Procurador Piñeiro (de quien dependía el acusado) sospechó de la maniobra de los autos 15 días antes de su detención. Es decir que este muchacho era una persona observada judicialmente y se supone que cada movimiento debería ser como mínimo seguido con atención.
Hay que aclarar que su trabajo dependía de Defensoría y si pudo supuestamente falsificar la firma de un Fiscal (dependencia que se encuentra en otra área del mismo edificio), tranquilamente podría haber falsificado arreglos extra judiciales, tenencias de menores, etc. Cosas que suponemos están en materia de investigación y pericia por parte de la Fiscalía.
Lo que realmente preocupa es cómo estos vehículos llegan a San Vicente. Quién los trae y cómo un empleado judicial podría formar parte de lo que se sospecha es una gran banda delictiva. ¿Puede Canteros investigar el origen de estos autos o hay intereses contrapuestos?, ¿qué seguridad jurídica tenemos?, ¿cómo piensan evitar que esto ocurra de nuevo?, ¿hay otros vehículos en igual situación?, ¿por qué no hay un comunicado aclarando estas situaciones? Nada se comenta, o al menos no oficial mente y mientras tanto el silencio ensordece.
